Nota por innovación e inteligencia colectiva.

Transparencia e innovación. Nota por la Inteligencia Colectiva y la participacción.
Rainer María Hauser

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Artículo 8º, Capítulo 1 (Bases de la Institucionalidad). Constitución Política de la República. Decreto Supremo Nº 100. 17 de septiembre de 2005.


Según el Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Bank Forum del año 2004, Chile presenta un rendimiento inferior al esperado en todas las dimensiones asociadas a “capacidad innovativa”: proporción de exportaciones tecnológicas casi inexistente, un bajo grado de colaboración científica entre universidades y empresas, y un bajísimo esfuerzo en investigación y desarrollo, así como en patentamiento. Sin embargo, cabe señalar que según el mismo informe, el país presenta una posición destacada en los items de “infraestructura pro-innovación”, tales como cantidad de computadores conectados a Internet, nivel de avance de e-goverment o inversión en telecomunicaciones, lo que indica –al contrario de un país por ejemplo africano, en que no existe una base adecuada para desarrollar la innovación-, que en nuestro país existen las condiciones, pero que no se están aprovechando. En la óptica que considera estar pasando del marco conceptual “industrial” -es decir “material, cuantificable, cosista”-, al nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento (flexible, deslocalizado, polisémico), esto también tendría una resonancia, por cuanto el que no estuvieramos siendo eficientes en aprovechar las condiciones para construir una sociedad mas humana, no puede atribuirse a causas “físicas” de infraestructura o acceso a las tecnologías, sino más bien a otro tipo de causas, que tienen que ver con actitudes, hábitos mentales o ideológicos.

La expansión de los derechos sociales de las personas es una estrategia bastante más adecuada que la de buscar abatir líneas de pobreza siempre difíciles de definir apropiadamente, porque depende de la convención que se escoja con resultados diversos. Garantizar la exigibilidad de derechos sociales para aumentar las capacidades que permiten resignificar las nuevas realidades, debiera ser entonces nuestra estrategia contra la pobreza, por ejemplo, mucho mas que seguir trabajando con indicadores convencionales de "línea de pobreza". Se trata de una estrategia de lucha contra la exclusión que provoca la pobreza. Compartir información hace que las personas que componen un espacio laboral, participen en la toma de decisiones, se suavizan las tensiones y los conflictos, se hace más transparente e informada la toma de decisiones y se aumenta la productividad.

En Chile, el 0.7% del PIB es destinado a actividades innovativas (última cifra para año 2002), mientras que en los países desarrollados se destina en promedio el 2.1%, y en los innovadores el 3.1%. Lo anterior deja en evidencia la baja proporción del PIB destinada a la innovación en comparación con países de mayor desarrollo. Más aún, Chile posee un nivel crecientemente menor al esperado si se controla por características económicas y poblacionales. Además, parte importante del gasto en I+D es financiado por el sector público (0.5% del PIB).

Si bien el gasto en I+D es un indicador importante del esfuerzo innovador que realizan los países, quizás aún más importante es la forma en que ésta se financia. Los países más exitosos han logrado que las empresas ejecuten y financien gran parte del gasto en I+D (más del 60% de acuerdo al Apéndice 3). Una práctica que es fundamental ya que así tiende a asegurarse que la investigación sea productivamente pertinente y tenga efectos económicos reales. En Chile, esta proporción de gasto en I+D es cercana al 35% (desglosado en 28% empresas privadas[1] y 7% empresas estatales), mientras que el 54% es financiado por el gobierno. El 11% restante es financiado por otros sectores.

El Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum y el modelo desarrollado por el Banco Mundial para diagnosticar la posición de cada país en la economía del conocimiento (World Bank, 2004), y el informe de la OECD (2003) coinciden en que el país presenta un Sistema Nacional de Innovación (SIN) subdesarrollado, insuficientemente preparado para hacer frente al desafío de crecer con equidad.

Entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas se cuenta el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo, no hay instancias formales de coordinación entre estas líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.

Considerar los datos anteriores, -que fueron "actualizados" por el informe PNUD de junio 2006-, implica necesariamente evitar asociar innovación sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo que debe tenerse presente que la innovación implica adoptar y adaptar tecnologías externas, lo que es relevante por tener un costo significativamente menor, debe empezar a considerarse con atención, que la innovación consiste en la objetivación de una particular interfase entre los avances tecnológicos y la resignificación social que de estos generen los actores sociales y las personas y de esta manera, poner el acento decididamente sobre las redes humanas y los contenidos que ellas generen. Una nueva fase de interoperabilidad se prefigura y ella está marcada por la participación ciudadana consciente y no por la compra de mayor instrumental.

Por otra parte, resulta de suma importancia, señalar que la lógica de redes que se ha empezado a implementar en nuestro país con la irrupción de lo digital, es parte inicial de un proceso que no tiene término y que en rigor bien responde a los criterios con que se establece un proceso continuo, que es el de la introducción de una nueva tecnología que no solo se instala, sino que se revoluciona permanentemente, de acuerdo a lógicas estocásticas, produciendo desarrollos inesperados e impactando sobre las dinámicas humanas de maneras siempre nuevas. Tal vez de manera demasiado mecánica, hemos supuesto que son los instrumentos técnicos los que se revolucionan, dejando fuera a quienes los utilizan y quienes en definitiva modifican sus comportamientos y los roles en que enmarcan sus actividades. Como lo han recogido recientes debates científicos internacionales especializados, en Actor Network Theory (ANT), la construcción de nuevas redes tecnológicas, siempre será un proceso socio-técnico esencialmente performativo que se irá desarrollando de maneras imprevisibles, en la medida que se vayan incorporando a sus dinámicas el pensamiento y la acción relacional de conjuntos híbridos cada vez mas complejos de personas y tecnologías en redes que actúan a distancia. Que esta colaboración sea un ejemplo transparente.

R.M.H.

(www.cylabo.blogspot.com)

[1] Los resultados ajustados del Censo de Gasto Privado en I+D indican que durante el año 2002 US$ 123 millones fue financiado por el sector privado, cifra que corresponde a un 0.19% del PIB.